ORGANIZACIÓN NACIONAL DE TRASPLANTES (ONT)
El sistema español «está muy preparado para garantizar que todo se realiza en cumplimiento estricto de la legislación»
«Hemos promovido también una resolución de Naciones Unidas contra el tráfico de órganos y en mayo llevaremos a la Asamblea Mundial de la Salud»
- DIEGO BUENOSVINOS
- Especialista en periodismo de Salud en OKDIARIO; responsable de Comunicación y Prensa en el Colegio de Enfermería de León. Antes, redactor jefe en la Crónica el Mundo de León y colaborador en Onda Cero. Distinguido con la medalla de oro de la Diputación de León por la información y dedicación a la provincia y autor de libros como ‘El arte de cuidar’.
La actividad de donación y trasplante de órganos en España alcanzó, en 2023, niveles de excelencia difíciles de superar. Gracias a un programa nacional cohesionado, liderado por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), en el que participan profesionales de múltiples especialidades y que nace del acto generoso de la donación, en España se realizaron 5.861 trasplantes de órganos el pasado año, lo que supone una tasa de 122,1 trasplantes por millón de personas.
Sin embargo, nadie es ajeno al hecho de que en el mundo se sigue mercadeando con órganos humanos para llevar a cabo trasplantes, en muchos casos sin garantías de salud. De ahí que esta semana, la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, ha garantizado que España «está en la primera línea de la lucha internacional contra el tráfico de órganos» porque, aunque en nuestro país todos los posibles casos se han identificado, frenado y frustrado de forma adecuada por parte del sistema «no somos ajenos a la realidad que se vive en otras partes del mundo».
Hay que tener en cuenta que el perfil de las víctimas suele darse en personas jóvenes, tanto hombres como mujeres, que es usual que vivan en situación de pobreza y en riesgo de exclusión social. Es evidente que casi todos tienen acuciantes problemas económicos. En zonas de pobreza, estas personas son analfabetos con poca capacidad para comprender los riesgos y consecuencias de la cirugía para la extracción de sus órganos.
Beatriz Domínguez-Gil ha reconocido que «en nuestro país no tenemos casos de tráfico de órganos». Es más, «si ha habido algún intento se ha identificado perfectamente por parte del sistema y se ha frenado». Podemos decir «que se ha actuado antes de que se pudiera llevar a cabo la obtención del órgano y, además, se ha perseguido duramente este tipo de intentos».
Con ello, la doctora señala que el sistema español «está muy preparado para garantizar que todo se realiza en cumplimiento estricto de la legislación y se actúa en cuanto se identifica o se sospecha cualquier tipo de irregularidad».
«LA MEJOR VACUNA, LA PREVENCIÓN»
Así las cosas -prosigue- «España no es un país en el que preocupe como tal ese tipo de delitos, entre otras cosas porque tenemos la mejor vacuna, la prevención, porque atendemos de forma muy adecuada la necesidad de trasplante de nuestros pacientes y esto al final es el mejor modo de evitar este tipo de delitos».
«Nuestro sistema está muy bien controlado, regulado e implementado y, a pesar de que se intente engañar, por ejemplo, simulando una relación donante-receptor falsa, o simulando parentescos que no son tal y se intente burlar al sistema, tanto en España como en los países de nuestro entorno estamos bien preparados para identificar estas situaciones y frustrar estos intentos».
«Pero sabemos que hay otra realidad y, para ello, España trabaja ante este tipo de delitos liderando la mayor parte de los documentos de consenso y convenios internacionales en la materia, como, por ejemplo, el Convenio sobre la Lucha contra el Tráfico de Órganos Humanos del Consejo de Europa -que tiene nombre español ‘Santiago de Compostela’- y que se abrió para firma en España en el año 2015.
Además, «hemos promovido también una resolución de Naciones Unidas contra el tráfico de órganos y en mayo llevaremos a la Asamblea Mundial de la Salud una nueva resolución en materia de trasplantes que incluye recomendaciones a los Estados miembros para luchar contra este tipo de delitos».
«Y sobre todo cooperamos con muchos países, tenemos un programa de cooperación muy importante a nivel internacional en la ONT para ayudarles a construir sus programas de trasplantes y, por lo tanto, responder a las necesidades de sus pacientes, controlar los sistemas y evitar que este tipo de delitos se perpetúen».
Como ha indicado, el tráfico ilegal de órganos se produce «en países de bajo nivel de desarrollo, en el cual o bien no existe una legislación que prohíba la compraventa de órganos o, por el contrario, sí existe, pero está muy pobremente implementada, muchas veces por cuestiones de corrupción, intereses, etc».
El papel de los jueces
Por su parte, el presidente de la Asociación ‘Vida por Vida’, Fernando Martínez Soba, ha indicado que «el 10% de los trasplantes renales que se hacen en España -el que más se hace en nuestro país- son de donantes vivos y en ese proceso de donación el juez tiene un papel relevante para garantizar la voluntariedad, altruismo y garantizar la ley».
Por otro lado, «aproximadamente el 10 o el 12% de los donantes son fallecidos y, si hay una causa judicial, es el juez el que tiene que autorizar, al final, esa donación, no solo la familia».
Entonces, «siendo España el país con la mayor tasa de donación del mundo, es oportuno señalar que esto es posible, lógicamente, al cumplimiento de la ley, pero también gracias al apoyo de los jueces».
Como ha reconocido, el procedimiento de donación, en general, «está muy bien regulado». «Hay una ley que garantiza todo el procedimiento, desde el diagnóstico de muerte encefálica, hasta lo que es el procedimiento de extracción de órganos, la distribución de los órganos… todo está muy bien regulado, en este caso, por la legislación y la Organización Nacional de Transplantes».
